La decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento de la pareja por el patrimonio no justificado de 677.000 dólares. El entramado involucra la compra simulada de un departamento en Palermo a través de sociedades pantalla y maniobras de alquiler ficticio.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el procesamiento del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y su esposa Alessandra Minnicelli en la causa donde se los investiga por enriquecimiento ilícito por no poder justificar un incremento patrimonial de 677.000 dólares.
Los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, integrantes de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, declararon inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa del matrimonio. Con este fallo, la resolución dictada el 9 de febrero de 2026 por el juez federal Sebastián Casanello, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, adquirió firmeza institucional en la etapa previa al elevamiento a juicio.
El fallo de origen atribuye a Julio De Vido el rol de autor del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público, mientras que a Alessandra Minnicelli se la procesó como partícipe necesaria, imponiéndoles además un embargo preventivo de $998 millones a cada uno.
El entramado societario en la Avenida del Libertador
La pesquisa judicial determinó que entre 2003 y 2017 el ex funcionario nacional registró un incremento patrimonial no justificado con la cooperación de su cónyuge y terceras personas. El expediente revela que la adquisición de un departamento ubicado al 2200 de la Avenida del Libertador, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyó la maniobra central para canalizar fondos de origen incierto.
La propiedad se compró entre 2007 y 2009 a nombre de la firma Uni-Vite Argentina S.A. con el propósito de ocultar a sus verdaderos dueños. Según consta en el expediente, Julio De Vido y Alessandra Minnicelli habrían simulado la condición de inquilinos para habitar el inmueble hasta el año 2018, prolongando su estadía hasta 2023, momento en que concretaron la venta de la unidad.
“El exfuncionario y su esposa no pudieron justificar el dinero en efectivo, más aún cuando su mujer no contaba con ingresos. Además, no tenían sus declaraciones juradas de bienes del año 2000 al 2003“, sostuvo el juez federal Sebastián Casanello al dictar la medida cautelar.
La investigación pericial tasó el inmueble en valores que oscilaban entre los 600.000 dólares y 660.000 dólares en 2007, ascendiendo a un rango de entre 670.000 dólares y 730.000 dólares para el año 2012. Sin embargo, las escrituras de la operación se asentaron formalmente por el 50 por ciento de los montos reales de mercado. Esta discrepancia motivó al juez Sebastián Casanello a citar a declaración indagatoria a los presuntos testaferros que figuraban como titulares de Uni-Vite Argentina S.A. y a los compradores que intervinieron en la transacción de 2023.
Antecedentes penales y situación procesal
La causa por enriquecimiento ilícito acumuló las intervenciones iniciales del fiscal federal Carlos Stornelli y de los jueces federales Octavio Aráoz de Lamadrid y Luis Rodríguez, sumando en 2023 la indagatoria tomada por el juez federal Julián Ercolini.
El ex titular del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios cumple actualmente arresto domiciliario por razones de salud tras la confirmación, por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de su condena a cuatro años de prisión por malversación de fondos públicos en la causa por la tragedia ferroviaria de Once.
Asimismo, sobre el exfuncionario pesan otras dos condenas firmes a cuatro años de prisión: una dictada por fraude en la compra de material ferroviario en desuso a España y Portugal, y otra por irregularidades en la adquisición de gas natural licuado. Julio De Vido permanece también imputado en el expediente tramitado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, conocido como la causa de los cuadernos. (Agencia OPI Santa Cruz)
